La situación actual en la Inspección General de Justicia.

En los últimos tiempos, los reiterados paros de actividades en la Inspección General de Justicia han generado una profunda incertidumbre y preocupación en particulares, empresas, y el público en general acerca del tiempo que demorará el análisis y la inscripción de los trámites actuales y futuros ante el organismo.

Paradójicamente, esta situación acontece en un contexto en el cual se han dictado numerosas resoluciones y disposiciones tendientes a fortalecer el control y la fiscalización sobre diversos trámites registrables en el organismo, tal como ha sucedido con la exigencia de presentar Declaración Jurada de Actualización de Datos (Res. Gral. IGJ 1/2010), Declaración Jurada sobre Licitud y Origen de los Fondos, y Declaración Jurada sobre Condición de Persona Expuesta Políticamente (Res. Gral. IGJ 2/2012).

En un trabajo publicado sobre la última Resolución citada, hemos sostenido que “el acierto de la medida estará directamente vinculado con el aseguramiento de criterios de eficiencia y celeridad en la tramitación de las presentaciones; ello se erige como condición indispensable para que cobren vigor los lineamientos orientadores de la Resolución” (“Plazo límite para la presentación de Declaraciones Juradas de Actualización de Datos ante la IGJ”, publicado con fecha 28/9/2011 en Abogados.com.ar).

Durante los últimos meses hemos presenciado una situación en la cual los reiterados paros en la Inspección General de Justicia han generado importantes demoras en las tramitaciones ante el organismo y en obtener las respectivas registraciones, a lo cual cabe agregar que, durante varias semanas, la atención al público se vio notoriamente reducida hasta llegar a un espacio temporal de tan sólo dos días a la semana, lo cual ha originado verdaderos “colapsos” de público que, con el objeto de iniciar un trámite o consultar el estado de actuaciones en curso, han tenido que aguardar durante varias horas en los pasillos de la Inspección, con las consecuentes pérdidas de tiempo que ello genera.

Actualmente continúa el paro de actividades en diversos sectores de la Inspección General de Justicia, ocasionando un grave perjuicio a particulares, empresas y otras personas que han solicitado oportunamente la inscripción de trámites con el objeto de obtener las registraciones correspondientes, y que hoy, luego de varios meses, continúan pendientes de inscripción, sin que pueda avizorarse una solución pronta al conflicto.

Una vez más, reiteramos que cualquier medida de control y fiscalización requiere, para su efectiva aplicación y concreción de sus objetivos, asegurar que el organismo de contralor garantizará la correcta prestación del servicio a su cargo.

En este sentido, deviene indispensable que las autoridades a cargo del ente fiscalizador arbitren los medios necesarios para alcanzar una pronta y satisfactoria solución frente a la situación actual, con el objeto de restablecer la actividad normal y evitar un mayor perjuicio a los particulares y entidades que procuran observar fielmente las normas vigentes y que, a tal efecto, conservan su confianza en obtener un eficiente servicio por parte del organismo.

Dr. Gabriel Martinez Niell

Departamento de Derecho Comercial

Estudio Grispo & Asociados