Nueva modificación a la Ley de Riesgos del Trabajo

El Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es la nueva ley de ART, 26.773, publicada en el Boletín Oficial el 26/10/2012.

La misma complementa y modifica -sólo parcialmente- a la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557.- Ambas forman, junto al decreto 1694/2009, un plexo normativo que rige jurídicamente la reparación de los accidentes de trabajo.

Esta nueva ley de ART introduce importantes cambios tanto para los trabajadores como para la actividad profesional de los abogados y deroga los art 19, 24 y 39 inc. 1, 2 y 3 de la ley 24.557.

Ante el reciente cambio que produce la nueva ley en el sistema de las reparaciones de los daños ocasionados por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo, las posturas de los distintos doctrinarios aún no tienen plena certeza, y son disímiles entre sí.

Cabe destacar que la nueva ley intenta ajustarse a los lineamientos emitidos por el más alto tribunal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante los distintos pleitos que originaron la declaración de inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley 24.557. Es decir que si bien esta nueva ley de ART 26.773 recepta varios postulados de la doctrina dictada por la Corte Suprema, deja sin resolver otros asuntos que podrán dar lugar a nuevos planteamientos de inconstitucionalidad en cada caso en concreto.

Podemos entonces referirnos a los distintos aspectos, positivos y negativos, de la nueva ley, para ir conociendo las modificaciones que introduce en el sistema de riesgos.

ASPECTOS POSITIVOS:
1.   Aumento de las prestaciones dinerarias.
2. Ajuste periódico conforme un índice aceptable por su objetividad (índice RIPTE).
3.   Imposición de una indemnización adicional (un adicional de pago único del 20% en concepto de reparación integral).
4.   Eliminación del sistema de renta periódica. Su reemplazo por el pago íntegro.

La ley 24.557 generó numerosos planteos de inconstitucionalidad. Principalmente en lo referente a la imposibilidad de reclamar una reparación integral. Hay que recordar que la acción de responsabilidad civil sólo tenía acogida cuando se acreditara que la reparación tarifada resultara insuficiente. Así fue sostenido en el fallo “Aquino”, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó la doctrina de la reparación civil cuando en el caso en concreto se analice la suficiencia o no de la indemnización tarifada prevista en el sistema de riesgos de trabajo. Conforme ello, la nueva ley de riesgos mejora las prestaciones dinerarias y la imposición de un adicional indemnizatorio del 20% como suplemento por los daños no reparados por las “fórmulas”. De este modo se busca limitar las posibilidades de nuevos juicios, por considerar que con esta mejora se alcanza una reparación integral.

Se introduce como mecanismo de reajuste semestral de las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral permanente el índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables). Se actualizarán tanto los valores previstos en el art 11 de la Ley 24.557 y los mínimos indemnizatorios del art 14 y 15 así como de la prestación por Gran Invalidez.

Estas modificaciones junto con la eliminación de la renta periódica y la incorporación del pago único, así como del otorgamiento de una prestación equivalente al 20%, buscan acercarse al pago de una reparación  integral.

ASPECTOS NEGATIVOS:

1.  Opción excluyente (indemnización tarifada o acción judicial)

La reforma de la ley derogó la regla del art 39 inc. 1 de la ley 24.557, e incorporó la opción.- La norma derogada impedía que el trabajador dañado sólo tendría derecho a las prestaciones del sistema, eximiéndolo de responsabilidad civil por culpa o dolo común al empleador salvo supuesto de dolo delictual del art 1072 C. Civ. Se eliminaba así la acción del derecho común. Esto motivó sucesivos planteos de inconstitucionalidad de la norma en los casos judicializados, donde el gran precedente ha sido el caso “Aquino Isacio c/ Cargo Servicio S.A, del 21/09/2004”, seguido por los casos “Díaz Timoteo c/ Vaspia SA del 07/03/2006”, “Vallejos Carlos c/ Rigesin Labs SA del 12/06/2007”, Cachambí Sabtos c/ Ingenio Rio Grande SA del 12/06/2007” y “Llosco Raúl c/ Irmi SA del 12/06/2007”. En todos ellos la CSJN había resuelto la inconstitucionalidad de la norma indicada garantizando  el derecho a todo habitante que sufra un daño injustamente provocado,  a reclamar la reparación integra del causante de dio daño. De esta forma quedaban habilitadas al mismo tiempo ambas acciones, la de la ley especial y la nacida del Código Civil. Es decir se habilitó un “cúmulo de acciones” y de complementariedad de las indemnizaciones a cargo del asegurador y del causante del daño.

Con la modificación de la ley, se introduce nuevamente la opción excluyente. Se tiene que notificar fehacientemente en el plazo de 15 días de producida la muerte del trabajador o de determinada la incapacidad laboral el importe que corresponderá percibir por esta contingencia. Allí podrá la víctima del siniestro optar por percibir las indemnizaciones notificadas en virtud del régimen tarifado o las que puedan corresponder por la ley civil, no siendo acumulables los distintos sistemas de responsabilidad.

Corresponde aclarar que la percepción de las prestaciones en dinero, sea imputable a la sustitución de salarios en etapa de curación (ILT) o sea complementaria por gran invalidez, así como la recepción de las prestaciones en especie, no implicarán en ningún caso el ejercicio de la opción excluyente.

La ley establece que “el cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción judicial implicará que se ejerció la opción”. A su vez, esta norma implica que la acción en otros sistemas de responsabilidad sólo podrá iniciarse una vez que se haya notificado la muerte o la incapacidad determinada. Para los críticos del sistema se le impone una espera al damnificado, porque sólo puede accionar por la vía civil una vez notificado de la indemnización que le corresponde del sistema tarifado del régimen de riesgos del trabajo, vulnerándose su derecho de acceso a la justicia y acceso directo al tribunal competente. Se impone agotar la vía administrativa, lo cual no era obligación con el régimen de la ley 24.557 sin la reciente modificación.  Asimismo, se mantiene la carencia de asesoramiento letrado.  Esta opción y la no modificación de los art 21 y 22 LRT que fueron tan cuestionados por vía judicial es uno de los  puntos que genera debate entre los doctrinarios.

2. Transferencia de la competencia del Fuero Laboral al Fuero Civil para los reclamos judiciales

Elegida la opción de litigar en la vía civil, la ley establece que se aplicará la legislación de fondo y forma del Derecho Civil. Asimismo indica que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente la Justicia Nacional en lo Civil, invitándose a las provincias a adherir a ese criterio.

Sólo se invita a las provincias a adherirse a esta regla, ya que no puede imponerse su acatamiento atento que las provincias mantienen el poder de dictarse sus propias normas de forma. Sostener lo contrario podría resultar inconstitucional, atento el precedente “Castillo Ángel Santos  c/ Cerámica Alberdi SA, del 07/09/2004, CSJN”, en cuanto limita la regla de competencia al territorio federal.

Es decir, si se opta por la vía civil, la competencia se transfiere de los jueces laborales a los jueces civiles. Por lo tanto, no se aplican los principios propios de la rama especial del Derecho del Trabajo. El trabajador se vería impedido de gozar de la aplicación de principios tales como gratuidad, in dubio pro operario, norma más beneficiosa, principio protectorio, presunción art 23 LCT, impulso de oficio entre otros; principios que fueron justamente pensados en la hiposuficiencia del trabajador que se considera en esta rama del derecho.

OTROS ASPECTOS

1.   Tope de los honorarios en un 20% en caso de promover la acción civil

Respecto de los honorarios, la ley considera que para la regulación de honorarios se considerará como monto del proceso “a la diferencia entre el capital de condena y aquél que hubiera percibido el trabajador como consecuencia del sistema de reparación”.

2.   No admisibilidad del pacto de cuota litis.

Además de lo comentado en el punto anterior, la ley prohíbe el pacto de cuota Litis cuando  el trabajador escoge interponer su acción por la vía civil.

3.   Forma de computar el plazo de prescripción.

La prescripción comienza una vez transcurrido el trámite del sistema. Es decir, a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la notificación prevista en la Ley 26.773 art. 4.

4. Obligación de ART de concurrir al pago del resarcimiento que se fije en una sentencia por responsabilidad civil,  con la parte que corresponda al sistema (tanto en dinero como en especie).

Esta inclusión se entiende cuando el trabajador elige la opción de exclusión y recae sentencia en un juicio civil. Igualmente la ART tiene la obligación de depositar las sumas que hubiesen correspondido según su régimen tarifario con los correspondientes intereses. Este monto se deducirá del capital de condena o de la conciliación, siendo también responsable en forma proporcional de las costas.

5.   Alícuotas ART.

La nueva ley prohíbe la discriminación directa o indirecta basada en el tamaño de empresa, y además establece que la determinación de la base imponible se efectuará sobre el monto total de las remuneraciones y conceptos no remunerativos que declare mensualmente el empleador.

6.   Contratación de Seguro.

El empleador podrá contratar un seguro aplicable a otros sistemas de responsabilidad que pudieran ser invocados por los trabajadores damnificados por daños derivados de los Riesgos del Trabajo en las condiciones que fije la reglamentación de la SSN.

CONSIDERACIONES

Las mejoras en las prestaciones dinerarias, la actualización de las mismas en forma semestral, el pago único, se observan como aspectos positivos ya que mejoran considerablemente los ingresos que ante estos infortunios debe padecer la víctima del siniestro. Incluso con estas modificaciones ascienden considerablemente los importes de las indemnizaciones tarifadas, alcanzando montos cercanos y similares a los que se venían otorgando en virtud de contemplar la reparación integral. Es un punto muy favorable porque el trabajador podrá ser acreedor de una indemnización para la cual antes debía solicitar la vía especial. Simultáneamente disminuirán entonces los reclamos judiciales, pues recordemos que debe demostrarse la insuficiencia de las indemnizaciones tarifadas para que proceda la reparación plena.

Ahora bien, dichas modificaciones, así como la inclusión de la opción excluyente y la transferencia de la competencia entre fueros, generan opiniones encontradas. Según la visión que se  tome, podemos sostener que se otorga mayor protección al trabajador porque se aumentan sus indemnizaciones; se reconoce un adicional del 20%, que puede verse como la intención de indemnizar aquellos daños que no son reconocidos por la indemnización tarifada, como podría ser el daño moral; se implementa el pago único de la renta y no se le prohíbe al trabajador reclamar los mayores daños que entiende no han sido indemnizados por el sistema de las ART, pues se le otorga una vía judicial a tal efecto, el civil. 

Desde otra visión podemos efectuar varias críticas a esta modificación. Se puede entender que la nueva ley  presiona al trabajador para que en un momento de necesidad como lo es encontrarse recientemente lesionado,  deba decidir si recibe las sumas que le brinda en el momento la ART, o resigna ellas para perseguir los derechos que considera le corresponden en un litigio en el fuero civil que se vislumbra desalentador atento las diferencias del proceso con el correspondiente al fuero laboral.

Por otra parte, el RIPTE puede ser una mejora ya que hay actualización de las prestaciones, pero también puede ser cuestionado porque no se corrigió el ingreso en las incapacidades permanentes definitivas. Se continúa aplicando el valor mensual del ingreso base con la variación del RIPTE, pero no se alcanza la prestación que se otorga durante las incapacidades laborales transitorias, donde se abona las sumas equivalentes al art 208 LCT (enfermedades inculpables).

Tampoco se implementaron modificaciones a las comisiones médicas, organismos administrativos cuestionados hasta el momento. Se afecta el juez natural, ya que se impone la competencia del fuero civil para resolver en materia de accidentes y enfermedades del trabajo, es decir, hechos originados en el contrato de trabajo, siendo pertinente entonces que se debatan ante un juez laboral.

Los abogados especialistas en la materia no recibirán favorablemente las limitaciones en tema de honorarios, pues, no olvidemos que son el reconocimiento a su labor profesional y ostentan carácter alimentario.

Ante la reciente reforma, estas distintas interpretaciones comienzan a salir a la  luz, y serán los nuevos casos judiciales los que vuelvan a sentar doctrina sobre el trema bajo análisis.

Dra. María Paula Nuñez

Departamento de Derecho Laboral

Estudio Grispo & Asociados